30-Ene Justicia Juvenil. Bajar la edad es esconder la basura bajo la alfombra punitiva

La discusión sobre la baja de la edad de punibilidad en Argentina reaparece cíclicamente como una respuesta espasmódica ante episodios de inseguridad. Sin embargo, a partir de este planteamiento se visualiza lo que el sociólogo Pierre Bourdieu denominó una ficción bien fundada, o sea un artefacto social que pretende ordenar la realidad basándose en una ilusión. Bajo el pretexto de ofrecer seguridad, se intenta legislar sobre el miedo, ignorando que esta medida no es más que un intento de esconder problemas estructurales bajo la alfombra punitiva.

Un retroceso histórico y convencional

Proponer la baja de la edad constituye un retroceso en el Sistema Convencional de Derechos Humanos. El Principio de No Regresividad impide que el Estado recorte derechos ya adquiridos. Es imperativo recordar que el sistema vigente se asienta en el Decreto-Ley 22.278/80, dictado por el Gobierno de Facto durante la última dictadura militar en Argentina, norma que otorga facultades discrecionales impropias de una democracia.

Pero aún ante la necesidad de superar dicho estancamiento, no es racional promover un cambio de legislación a partir de hechos conmocionantes; esto no implica no empatizar con las tragedias familiares que esos hechos suponen, sino entender que toda política criminal debe basarse en datos científicamente construidos y no en reacciones viscerales. En un país con casi la mitad de sus infancias y adolescencias sumergidas en la pobreza, penalizar la precariedad es un abuso de los fuertes sobre los más débiles, una respuesta que simplifica problemas complejos bajo falacias que ignoran la desigualdad estructural.

El espejismo de la seguridad y el mito de la comprensión

La promesa de que “a menor edad de punibilidad mayor seguridad" es un espejismo. El análisis comparativo en Latinoamérica demuestra que el crecimiento de la lógica penal no reduce el delito sino que, por el contrario, mecaniza las intervenciones, satura los dispositivos judiciales y pide ‘más de lo mismo’: más castigo, más represión. 

En este debate, la piedra angular es la afirmación de que un adolescente de 13 o 14 años "ya comprende lo que hace". Sin embargo, desde la antropología de las edades del cientista Carles Feixa, entendemos que la adolescencia es una construcción sociocultural y no una categoría fija. A esto se suma la visión de psicólogos investigadores como el muy prestigioso Julio César Labaké, quien advierte que en la cultura actual la madurez se ha postergado incluso hasta los 30 años. Por su parte las neurociencias, tan renombradas en esta época, acompañan dicha tesis postulando que la corteza prefrontal (el área del cerebro encargada de la planificación y el control de impulsos) termina su desarrollo recién promediando la tercera década de vida. En este sentido, autores como Laurence Steinberg han demostrado que existe una 'brecha de maduración' entre el desarrollo de los sistemas emocionales y los sistemas de control cognitivo. Si los saberes científicos reconocen esta extensión de la adolescencia, resulta un contrasentido jurídico pretender que un niño de 13 años posea la autonomía y el juicio de un adulto.

La comprensión no es un interruptor que se enciende a una edad fija, sino una capacidad de autodeterminación en proceso de formación, mediada por el contexto. En escenarios de exclusión social, la madurez está condicionada por lógicas de supervivencia y la presión de pares, lo que hace que la supuesta conciencia plena sea más una proyección del deseo de castigo adulto que una realidad evolutiva. Apelando a la Pedagogía de las Preguntas de Paulo Freire podemos preguntarnos: ¿En qué país la baja de la edad logró resultados exitosos? La evidencia muestra que la violencia social aumenta allí donde se prioriza la represión sobre la inclusión.

Por ejemplo, El Salvador bajó la edad de 16 a 12 en el año 1994 pero, recrudecimiento de la violencia mediante, fue desarrollando estrategias más represivas hasta, en 2023, llegar a la construcción del CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo), con capacidad para albergar hasta 40.000 personas. Lejos de ser una solución innovadora, este enfoque es la expresión máxima del populismo penal: una respuesta simplista que busca rédito político inmediato a través del castigo, ignorando que la represión sistemática solo retroalimenta el ciclo de la violencia. Esta estrategia salvadoreña viene siendo fuertemente cuestionada por distintos organismos (Amnesty International y Human Rights Watch, entre otros) con denuncias de violaciones al debido proceso, condiciones degradantes de alojamiento, entre otras cuestiones. 

Por un Sistema Nacional de Justicia Restaurativa

No se trata de no hacer nada sino de ser más eficientes en las reacciones ante las situaciones de conflicto penal adolescente para lo cual es necesario hacer algo diferente. Ese algo debe ser más adulto y maduro, a sabiendas de que la pena no sirve para "resocializar" ni promover la autonomía de los adolescentes, como lo sabemos ya desde las investigaciones de Jean Piaget. "Pretender resocializar mediante el encierro es como enseñar a jugar al fútbol adentro de un ascensor", grafica una expresión que se atribuye al prestigioso jurista Carlos Elbert. Por ello es urgente un nuevo Sistema Nacional de Justicia Juvenil Restaurativa que abandone el error igualitarista de tratar a niños como adultos. La Convención Internacional de los Derechos del Niño (CIDN), con rango constitucional en Argentina, propone garantías pero no un tratamiento penal. Postula la necesidad de  instituciones específicas que garanticen la restauración de derechos y reconozcan al joven como un sujeto en desarrollo. Esta prescripción fue actualizada mediante la Observación General nº 24 dada por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas (2019).

Es absurdo insistir en una estrategia penal general cuando los casos de delitos graves cometidos por menores representan, en promedio, apenas el 3% de las judicializaciones. La nueva legislación debe expresar una auténtica política de Estado que invierta su lógica diagnóstica e interventiva: necesitamos un sistema restaurativo general con excepciones penales mínimas, enfocado en la responsabilidad y alejado de las tentaciones meramente penalistas. Y, en cualquier caso, como eje rector y condición sine qua non, necesitamos que quede expresamente garantizado el financiamiento del nuevo sistema. 

En conclusión

Bajar la edad de punibilidad no es una solución, sino una claudicación ética, política y práctica en términos de eficiencia estatal. Implica renunciar a la posibilidad de transformar productivamente la vida de los adolescentes que ingresan en situaciones de conflicto penal para conformarnos con el castigo como único lenguaje estatal. Una sociedad que elige penalizar en lugar de restaurar derechos está condenada a repetir su propia violencia. El verdadero desafío de una Política de Estado no es ampliar los sistemas punitivos sino construir institucionalidades que sanen con inteligencia el tejido social. No podemos exigir a un adolescente que comprenda la ley con la madurez de un adulto, si el Estado no ha asumido sus obligaciones con la responsabilidad proteccional que exige el Sistema Convencional.